A una semana de los catastróficos terremotos en Venezuela, la cifra de muertos crece en el conteo oficial, pero un interrogante permanece entre los números publicados por el Gobierno de Delcy Rodríguez: el de los desaparecidos, una estimación hasta ahora ausente en los partes diarios sobre víctimas.
El último informe del miércoles contabilizó 2.295 fallecidos y más de 11.000 heridos en los estados afectados. La cifra de víctimas fatales por el momento está muy alejada de la proyección inicial del Servicio Geológico de Estados Unidos, que estimó un piso de 10.000 víctimas fatales, horas después de que el terremoto sacudiera a Venezuela, el miércoles pasado.
¿Cuántas personas faltan?
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, encargado de la vocería sobre la tragedia, dio el martes números que pueden dar un aproximado sobre las personas que todavía no han sido encontradas.
El hermano de la presidenta encargada dijo que unas 30.000 personas, entre turistas y residentes, se encontraban en las localidades de Caraballeda y Catia La Mar, las más afectadas por los sismos en el estado costero de La Guaira.
De ellas, dijo que “aproximadamente 13.400 a 13.500 personas lograron salir por sus propios pies o ayudados por sus familiares de la zona de desastre”, y otras 6.461 personas fueron rescatadas después de los terremotos.
Eso deja una diferencia de cerca de 10.000 personas, entre las que está el grueso de los casi 2.000 fallecidos, pero Rodríguez no se refirió a los 8.000 restantes en esa zona.
La desconfianza y la opacidad informativa
El Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tiene una baja popularidad y el chavismo no cuenta con legitimidad, especialmente desde las elecciones de 2024 que la oposición no reconoció y denunció como fraudulentas.
El sociólogo Rafael Uzcátegui, director del think tank Laboratorio de Paz, considera que hay varias posibles razones para lo que considera una falta de transparencia del Gobierno. Entre ellas, menciona el control de la narrativa para aminorar el impacto de las muertes; una incertidumbre operacional por la magnitud del terremoto y la falta procesos consolidados que proporcionan cifras concretas; o un intento de gestionar la responsabilidad política y evitar señalamientos a las autoridades.
